¿Cómo está RD en ciencia, tecnología e innovación?
Santo Domingo. La generación de políticas de ciencia, tecnología e innovación (STI), por sus siglas en inglés de República Dominicana presenta desafíos como superar las fallas de coordinación y mejorar la gobernanza, repensar las relaciones empresa-universidad, incorporar un enfoque de demanda de políticas de STI y aplicar un enfoque regional y multinivel de los sistemas de innovación.
A esa conclusión llegó Víctor Gómez Valenzuela, profesor investigador y actual vicerrector de Investigación y Vinculación del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), en su investigación “Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación en la República Dominicana: La influencia de las racionalidades económicas desde una perspectiva de desarrollo contexto-específica”, publicada en el último número de la revista académica “Science and Public Policy” de Oxford University Press.
En el artículo se analizaron los principales marcos de políticas de STI del país: el Plan Nacional de Competitividad Sistémica de 2007; el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación 2008-2018; el Plan Decenal de Educación Superior 2008-2018 y la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.
Además, una de las conclusiones de la publicación, en cuanto a los fallos de coordinación de las políticas de STI, es la de que estos fallos deben enfocarse en habilitar los enlaces y conexiones para hacer funcionar el sistema de innovación en sus distintas escalas y niveles.
Luego de analizar los aspectos de coordinación y sinergia de las políticas nacionales se concluye que “dado el nivel de avance político de la STI es necesario repensar la gobernanza institucional de las políticas en ciencias, tecnologías e innovación, de una manera más autónoma y descentralizada”, explica el doctor Gómez-Valenzuela.
En la publicación se señala, además, que cualquier cambio en el modelo de gobernanza debe mantener el apoyo del sistema universitario, especialmente a través de instrumentos, como el Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico–Tecnológico (FONDOCYT), que debe fortalecerse y redefinirse para consolidar las capacidades en el campo de la producción de conocimiento y los vínculos con sectores productivos.
En cuanto al replanteamiento de la relación empresa-universidad, el documento resalta que, en el contexto regional, las universidades cada vez más se involucran en iniciativas conjuntas de producción y transferencia de conocimiento con empresas y sectores productivos, sin embargo, todavía hay desafíos considerables que superar.
Por lo tanto, uno de los retos críticos del próximo marco de políticas de STI serán superar los sesgos institucionales que han limitado las colaboraciones universidad-empresa cuya máxima expresión ha sido el sesgo del FONDOCYT, a favor de la financiación universitaria.
“El enfoque de demanda de políticas de STI abre una ventana de oportunidad que fortalece el sistema de innovación del país en una forma más proactiva y productiva de manera que, al vincular y fortalecer los flujos de producción de conocimiento entre las partes interesadas del sistema nacional de innovación, se estimule la productividad y el crecimiento a largo plazo”, precisa el estudio.
Como antecedentes para fortalecer el sistema de innovación, Gómez-Valenzuela pondera que la próxima generación de políticas públicas de STI en la República Dominicana debe definir fuentes alternativas de financiamiento, considerando incentivos fiscales y beneficios fiscales (desde la perspectiva de nuevas políticas fiscales orientadas a la productividad de marcos), y promoviendo comportamientos de productividad y competitividad a mediano y largo plazo que apoyen la transformación productiva.
“Una alternativa de financiamiento para apoyar la implementación de políticas STI podría ser utilizar regalías mineras para fomentar el desarrollo de una economía basada en el conocimiento. Esta economía puede operar como una industria de reemplazo que incorpora los principios de equidad intergeneracional a mediano y largo plazo, basada en la justificación de las externalidades ambientales causadas por las actividades mineras”, resalta la investigación.
Además, la investigación señala que la posibilidad de una nueva configuración de políticas de STI en términos de un entorno organizacional independiente debe estar entre las consideraciones de las agendas que priorizan la innovación como uno de sus ejes principales alineados con la estrategia de desarrollo nacional.
Gómez-Valenzuela indica que los nuevos marcos de políticas de STI deben incorporar los desafíos tecnológicos actuales que enfrenta el país en términos de su adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático en sectores productivos como turismo, agricultura, energía y transporte.
“La próxima generación de políticas de STI debe enfrentar desafíos en términos de alcanzar objetivos de desarrollo sostenible y promover crecimiento económico más resistente, evitando los riesgos de trampa de ingresos medios en la que la economía del país ya puede estar atrapado”
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